Política económica
Presupuestos 2025: qué se aprueba, qué se pospone y quién paga la diferencia
El borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 llega con una deuda pública del 108 % del PIB y un déficit estructural que la Comisión Europea vigila de cerca.
Las grandes partidas y lo que no entra en el documento
El borrador presupuestario para 2025 eleva el gasto total consolidado hasta los 587.000 millones de euros, un aumento del 5,2 % respecto al ejercicio anterior. Las tres partidas de mayor crecimiento son las pensiones contributivas (+7,1 %), el gasto en defensa (+12 % para cumplir compromisos con la OTAN) y la inversión en transición energética (+9,4 %). Lo que no aparece en el documento es igualmente significativo: la inversión en vivienda pública sube nominalmente, pero en términos reales —deflactada por el índice de costes de construcción— se mantiene plana. La partida de becas universitarias crece un 3,1 %, por debajo de la inflación prevista. Y la reforma del sistema de financiación autonómica, anunciada en el acuerdo de gobierno de 2023, queda fuera del articulado sin fecha concreta de implementación, lo que mantiene la incertidumbre sobre los recursos de comunidades como Valencia, Murcia y Andalucía.
Déficit estructural, regla de gasto y la vigilancia de Bruselas
La Comisión Europea reactivó en 2024 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con los nuevos parámetros del marco fiscal revisado. España tiene comprometido un sendero de consolidación que exige reducir el déficit estructural en al menos 0,5 puntos porcentuales del PIB al año durante cuatro años. El borrador presentado estima un déficit del 3,1 % para 2025, lo que mantiene el procedimiento de déficit excesivo abierto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que las previsiones de ingresos del gobierno son «optimistas en un escenario de desaceleración global». Si los ingresos fiscales se desvían a la baja en más de un 1,5 % respecto a la previsión —como ocurrió en 2023—, el objetivo de déficit no se cumplirá sin medidas adicionales de gasto o ingresos. Quién paga esa diferencia —contribuyentes, beneficiarios de prestaciones o acreedores de la deuda— es la pregunta que el documento presupuestario, por su propia naturaleza, no puede responder.